A inicios de abril de 2025, cientos de estudiantes extranjeros comenzaron a recibir correos electrónicos genéricos informándoles que sus visas F‑1 habían sido revocadas sin oportunidad de apelación, dejándolos en un limbo legal que llevó incluso a detenciones en el lugar de trabajo y la amenaza de deportación inmediata. Más de 4 700 inscritos fueron eliminados del sistema SEVIS, el registro federal que supervisa el cumplimiento de las condiciones migratorias de los estudiantes, en su mayoría por supuestas “inconsistencias” o infracciones menores detectadas por agencias de seguridad interna sin que se explicaran los detalles ni se otorgaran plazos para subsanar posibles errores. Esta crisis ha desatado una oleada de recursos judiciales en al menos siete estados, en los que jueces federales han dictado medidas cautelares para frenar deportaciones masivas y cuestionar la legalidad de las revocaciones.
Un procedimiento opaco con alcance masivo
El mecanismo empleado por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional conecta automáticamente información “adversa” recibida de ICE u otras agencias al historial de cada estudiante, provocando la cancelación retroactiva de la visa incluso por infracciones de tráfico o cargos desestimados años atrás. Una vez revocada la visa, ICE envía órdenes de salida inmediata y, en casos como el del ingeniero indonesio Aditya Wahyu Harsono, procede a la detención en el lugar de trabajo antes de que el afectado pueda recurrir la decisión. Al borrarse el registro del estudiante del SEVIS, éste pierde automáticamente su estatus legal, quedando expuesto a detención y a la imposibilidad de continuar estudios o prácticas profesionales.
Historias que retratan el impacto humano
Aditya Harsono, padre de un bebé con necesidades especiales y empleado de un hospital en Minnesota, vio su visa derogarse de forma retroactiva al acusarse un antiguo delito menor de grafiti de 2022, pese a haber pagado la restitución hace años y contar con una solicitud pendiente de residencia permanente. Tras recibir una orden de salida, agentes de ICE lo condujeron esposado al sótano de su centro de trabajo, donde permaneció retenido hasta que un juez concedió una fianza de 5 000 dólares, recurso bloqueado posteriormente por apelación de DHS. Historias similares emergen de estudiantes de posgrado que al recibir un permiso de trabajo vieron cancelada su visa días después, relatando la sensación de “no ser bienvenidos” y sin vías claras para regularizar su situación desde el extranjero
Litigios y reacciones judiciales
Iniciativas colectivas llevadas a cabo por la ACLU y otras organizaciones de derechos civiles han presentado al menos dos demandas en Nueva Hampshire y Michigan, buscando restablecer el estatus de más de 1 100 estudiantes cuyos registros fueron eliminados sin notificación previa ni audiencia. Jueces federales en Massachusetts, Wisconsin y Montana han emitido órdenes de protección temporal para grupos de afectados, subrayando que las revocaciones masivas probablemente violan el debido proceso consagrado en la Quinta Enmienda. En algunos casos, los tribunales han cuestionado la base legal de la “información adversa” usada para justificar la cancelación, exigiendo al gobierno revelar las razones específicas detrás de cada revocación.
Desafíos para la práctica del derecho migratorio
Nosotros acá en abogados en efectivos especializados en inmigración, este contexto requiere estrategias de respuesta rápida: monitorear el estatus de los clientes en SEVIS, conservar copia de toda la correspondencia oficial y preparar acciones de habeas corpus o mandamus antes de que ICE ejecute órdenes de deportación. La coordinación con oficinas consulares y el recurso inmediato a tribunales federales pueden ganar tiempo crucial para argumentar la falta de notificación escrita y la ausencia de oportunidad de defensa, pilares esenciales del debido proceso. Asimismo, el uso de acciones colectivas puede maximizar el impacto y presionar al gobierno a revisar procedimientos internos que no estaban diseñados para revocar estatus de forma masiva.
En definitiva, la eliminación repentina de visas F‑1 ha expuesto a una población vulnerable —estudiantes latinoamericanos incluidos— a la arbitrariedad y al riesgo de perder sus proyectos académicos y profesionales. La respuesta de la comunidad jurídica de inmigración deberá combinar litigio estratégico, difusión de información y colaboración con universidades para salvaguardar los derechos de quienes contribuyen al tejido educativo y económico de Estados Unidos.
