El sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump sobre un programa de “tarjeta dorada”, que ofrecería a extranjeros adinerados un camino hacia la ciudadanía estadounidense por una inversión de $5 millones, ha despertado tanto interés como escepticismo. Presentado durante un discurso en el Despacho Oval la semana pasada, la propuesta busca reemplazar el programa de visas EB-5 para inversionistas y, según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, podría recaudar $1 billón para reducir la deuda nacional. Sin embargo, expertos en inmigración advierten que el plan enfrenta importantes desafíos legales y logísticos.
Límites del poder presidencial
La propuesta depende de la creación de una nueva categoría de visa, un paso que requiere aprobación del Congreso. Abogados de inmigración subrayan que, aunque los presidentes pueden ajustar políticas migratorias mediante acciones ejecutivas (como el programa DACA de Obama o el programa CHNV de Biden), no pueden establecer unilateralmente nuevas vías hacia la ciudadanía.
“El Congreso tendría que legislar esto. No hay autoridad legal para inventar un programa así desde cero”, explicó Sharvari Dalal-Dheini de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Charles Kuck, un abogado de inmigración en Atlanta, coincidió: “Esta administración no tiene ningún poder legal para crear una categoría de visa”.
Complicaciones con el programa EB-5
Lutnick afirmó que la “tarjeta dorada” reemplazaría la visa EB-5, vigente desde 1990, que permite a inversionistas extranjeros obtener residencia al financiar proyectos generadores de empleo en EE.UU. No obstante, modificar o eliminar este programa también requiere acción del Congreso. Las reglas actuales del EB-5 exigen inversiones de $1.05 millones (u $800,000 en zonas de alto desempleo), cifras muy inferiores a los $5 millones propuestos por Trump.
Los expertos dudan que el Congreso elimine el EB-5, que ha atraído miles de millones en inversiones. “Personas con $5 millones podrían no querer obligaciones fiscales en EE.UU.”, señaló Kuck, añadiendo que intentos anteriores de reformar leyes migratorias mediante reconciliación presupuestaria fracasaron.
Preguntas sin respuesta y críticas
El plan deja vacíos clave, como el destino de los solicitantes del EB-5 que ya esperan una decisión. Muchos han invertido grandes sumas y enfrentan esperas de años. “Dejarlos en el aire dañaría la confianza y la economía”, advirtió Dalal-Dheini.
Los procesos de verificación y los criterios de elegibilidad siguen siendo vagos, aunque Lutnick prometió controles rigurosos. Críticos como Maíra Martini de Transparencia Internacional temen que el plan atraiga “actores corruptos” buscando lavar dinero. La apertura de Trump a incluir oligarcas rusos —“personas muy agradables”, comentó— avivó más preocupaciones.
Reacciones mixtas e implicaciones más amplias
Aunque simpatizantes elogiaron la “creatividad” de la propuesta, defensores de migrantes criticaron su enfoque en la riqueza sobre el mérito. “Prioriza a los más ricos, no necesariamente a quienes más contribuirían”, argumentó Dalal-Dheini.
Sin embargo, el énfasis de Trump en el papel económico de la inmigración resonó de forma bipartidista. “Los inmigrantes impulsan la innovación”, reconoció Dalal-Dheini, destacando un raro punto de acuerdo en debates polarizados.
Mientras la propuesta choca con la realidad legal, su futuro es incierto. Por ahora, la “tarjeta dorada” sirve como recordatorio de la compleja relación entre políticas migratorias, autoridad legislativa y ambición económica.