La administración Trump ha anunciado que, a partir del martes, se revocará el estatus legal y los permisos de trabajo otorgados a más de 530,000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Estos individuos habían ingresado al país bajo el programa de “parole” humanitario, implementado anteriormente, que les permitía residir y trabajar legalmente por un período de dos años.
El Departamento de Seguridad Nacional ha informado que el programa concluirá al finalizar abril, 30 días después de su publicación oficial en el Federal Register. A partir de esa fecha, aquellos que no cuenten con otra base legal para permanecer deberán abandonar el territorio estadounidense.
La medida impacta a miles de personas que habían obtenido protección contra la deportación y acceso a oportunidades laborales gracias a este beneficio. Según las autoridades, si bien el “parole” humanitario ayudó a controlar la migración desde estos países, se considera innecesario debido a la notable disminución en las detenciones de ciudadanos de estas naciones en la frontera en los últimos meses.
Se recomienda encarecidamente a quienes se vean afectados por esta decisión que consulten con un abogado especializado en inmigración. Un profesional podrá evaluar su situación particular y asesorar sobre posibles alternativas legales para regularizar su estatus en Estados Unidos.
