La administración del presidente Donald Trump ha anunciado que cancelará el estatus migratorio temporal –conocido como “parole”– de más de 530 000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron a Estados Unidos bajo un programa lanzado por la administración de Joe Biden. Estos migrantes, amparados por ese proceso humanitario (conocido como programa CHNV), tuvieron permiso para vivir y trabajar legalmente en el país durante dos años mientras se resolvían sus casos migratorios. Ahora se les ha notificado que deben abandonar Estados Unidos antes de que sus permisos y sus protecciones contra la deportación sean revocados el 24 de abril de 2025
Qué fue el programa CHNV y por qué se creó
El programa CHNV (por las siglas en inglés de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela) se diseñó en 2022 para ofrecer vías de entrada legal y segura a personas que huían de situaciones de crisis en sus países:
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Requisitos de ingreso: Cada migrante debía contar con un patrocinador económico en EE. UU., aprobar un proceso de revisión y someterse a exámenes de salud y de seguridad. Una vez aprobado, ingresaban por vía aérea, evitando enfrentarse a cruces fronterizos irregulares.
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Duración del amparo: Se les otorgaba un permiso de “parole” (parole humanitario) por dos años, con autorización para trabajar, mientras las autoridades procesaban su solicitud de residencia o asilo.
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Objetivo central: Reducir la presión sobre la frontera sur de Estados Unidos, permitir un mejor control y selección de los aspirantes y ofrecer una ruta ordenada para quienes huían de problemas económicos, políticos o de seguridad en sus países de origen
Suspensión y revocación del programa
Al asumir el cargo en enero de 2025, la administración Trump suspendió el programa CHNV, argumentando que excedía la autoridad legal del Ejecutivo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso en el Federal Register señalando que el programa “no cumplió con sus metas” y acusó a la administración anterior de generar “oportunidades para que competieran por empleos estadounidenses” y de responsabilizar a legisladores republicanos por problemas de fraude y seguridad cuando estos se detectaron
En su aviso de marzo de 2025, el DHS indicó que, aunque la mayoría de los 530 000 migrantes perderían sus protecciones el 24 de abril, en algunos casos particulares podrían evaluarse permanencias “caso por caso”. Sin embargo, la gran mayoría enfrentará la cancelación de su permiso de trabajo y de su amparo contra la deportación, quedando expuestos a procesos de remoción si no logran otra forma de estatus legal antes de esa fecha
Impulso de Trump y posibles repercusiones
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Razonamiento oficial: El gobierno de Trump sostiene que los programas de “parole” implementados por Biden (tanto el CHNV como otros similares para venezolanos y haitianos) sobrepasaron los límites de la ley federal y, de paso, socavaron las oportunidades laborales de ciudadanos estadounidenses.
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Impacto inmediato: Quienes pierdan su estatus legal al 24 de abril verán cancelados también sus permisos de trabajo. Muchos de ellos llevan menos de dos años en EE. UU.; si no han solicitado a tiempo asilo, TPS (Estatus de Protección Temporal) u otro beneficio, quedarán sujetos a deportación acelerada (conocida como “expedited removal”), lo cual elimina prácticamente cualquier audiencia ante un juez migratorio para comprobar su situación
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Familias y comunidades afectadas: Se estima que más de 120 700 venezolanos, 110 900 cubanos, 213 000 haitianos y 93 000 nicaragüenses ingresaron bajo CHNV antes de su suspensión definitiva. Muchos de ellos viven en estados con altas concentraciones latinas —como Florida, Texas, Illinois y California— y trabajan en sectores esenciales: salud, construcción, servicios de comida, entre otros. Si se evitan audiencias individuales, se corre el riesgo de deportaciones masivas, separación de familias y caos económico en áreas donde estas comunidades se han arraigado.
Desafíos legales y protestas
Organizaciones de defensa de migrantes ya han anunciado recursos judiciales para impugnar la medida, alegando que atenta contra el principio de que cada persona debe recibir una revisión individual de su caso antes de ser deportada. Por ejemplo, en distintos tribunales federales se presentaron demandas que buscan suspender la revocación de “parole” para todos o para grupos específicos de los cuatro países afectados
Asimismo, comunidades de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han organizado manifestaciones en varias ciudades de EE. UU. para reclamar que se respeten los compromisos asumidos por sus patrocinadores y que, habiendo cumplido con todos los requisitos pautados, no se les arrebate el amparo otorgado por la administración anterior
Posibles caminos a seguir para los migrantes
– Solicitar otro estatus migratorio: quienes hayan reunido requisitos para pedir asilo o TPS (por ejemplo, haitianos con TPS vigente) deben iniciar esos trámites de inmediato. En algunos estados, clínicas legales y ONGs ofrecen asesoría gratuita.
– Evaluación “caso por caso”: el aviso del DHS menciona que ciertas personas aún podrían conservar su estatus si demuestran circunstancias excepcionales. No obstante, este proceso no está garantizado para todos y suele requerir asistencia legal especializada.
– Prepararse para el regreso voluntario: en casos extremos, quienes no logren otro estatus deberán buscar asesoría para coordinar un retorno ordenado y evitar caer en remoción forzada
