La Corte Suprema de EE. UU. falló por unanimidad que la administración Trump debe gestionar activamente el retorno de Kilmar Ábrego García, un hombre de Maryland deportado por error a una mega cárcel en El Salvador.
En una decisión de 9-0, los jueces rechazaron anular la orden dictada por un tribunal inferior que obligaba a “facilitar” el regreso de Ábrego García, aunque advirtieron que la jueza Paula Xinis podría haber excedido sus atribuciones. El pasado viernes, la jueza Xinis ordenó al gobierno proporcionar actualizaciones diarias sobre las medidas que se estaban tomando para regresar a Ábrego García al país.
El gobierno admitió que la deportación se debió a un “error administrativo”, sin embargo, también sostuvo que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido negada por su defensor. El caso se enmarca en una operación mayor donde decenas de migrantes, señalados como presuntos integrantes de pandillas, fueron transportados el mes pasado en aviones militares a El Salvador y depositados en el notorio Centro de Confinamiento por Terrorismo (Cecot), bajo un acuerdo bilateral entre ambos países.
Tras la orden de la Corte Suprema, los abogados de la administración Trump comparecieron ante la jueza Xinis del tribunal de Maryland para explicar cómo planean asegurar la liberación de Ábrego García. La jueza había solicitado a los funcionarios una descripción precisa, para ese mismo viernes por la mañana, de las acciones concretas que llevarían a cabo para devolver al hombre a EE. UU. Ante la imposibilidad de cumplir con el plazo inicial, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron una prórroga hasta la tarde del martes, calificando los plazos impuestos como “impracticables”.
Durante una audiencia tensa de alrededor de 30 minutos, la jueza Xinis insistió reiteradamente en obtener detalles específicos sobre el paradero de Ábrego García. “No estoy pidiendo secretos de Estado”, afirmó, “solo pregunto de forma muy sencilla: ¿dónde se encuentra él?” Finalmente, la jueza ordenó que el gobierno presente informes diarios sobre la ubicación y el estado de Ábrego García, especificando las acciones realizadas hasta el momento y las que se planean ejecutar.
En documentos presentados en corte, los abogados de Ábrego García acusaron al gobierno de tratar de “demorar, confundir y pasar por alto las órdenes judiciales, mientras la vida y la seguridad de un hombre están en riesgo”.
En una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, la administración Trump defendió que la jueza Xinis carecía de la autoridad para ordenar el regreso de Ábrego García en un plazo tan ajustado y que los funcionarios estadounidenses no pueden obligar a El Salvador a repatriarlo. El procurador general, Dean John Sauer, señaló en el escrito de emergencia que “la Constitución encarga al presidente, y no a los tribunales federales, la conducción de la diplomacia y la protección del país frente a terroristas extranjeros, incluyendo su expulsión.”
La Corte Suprema, compuesta por una mayoría conservadora de 6-3, emitió su decisión en una orden sin firma el jueves. Los magistrados no establecieron un plazo específico para que se concrete la liberación, aunque dejaron en claro que la jueza Xinis podría haber excedido su competencia al exigir la “efectivización” del regreso de Ábrego García. “El tribunal de distrito debe aclarar su directiva, teniendo en cuenta la deferencia que se le debe al poder ejecutivo en la conducción de asuntos exteriores”, rezaba la orden.
El mismo viernes, el presidente Donald Trump declaró a los periodistas que, en caso de que la Corte Suprema ordenara “traer de vuelta a alguien, lo haría”, resaltando su respeto por el máximo tribunal. Un portavoz del Departamento de Justicia comentó que la decisión reafirma que “es prerrogativa exclusiva del presidente la conducción de la política exterior”, dejando claro que los jueces no pueden intervenir en competencias propias de la rama ejecutiva.
Por su parte, Kilmar Ábrego García, de 29 años, ingresó ilegalmente a EE. UU. cuando era adolescente, proveniente de El Salvador. En 2019, fue arrestado junto a tres personas en Maryland y posteriormente puesto a disposición de autoridades federales de inmigración. Aunque un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación por el riesgo de persecución por parte de pandillas locales en su país, el error administrativo derivó en su traslado a El Salvador.
El senador demócrata Chris Van Hollen, representante de Ábrego García, calificó el caso como “un momento preocupante” para el respeto del Estado de derecho en EE. UU. “En solo 72 horas se produjo la deportación ilegal de Ábrego García, y ellos pueden traerlo de vuelta en 72 horas o menos, y deben hacerlo. Y deben hacerlo ya”, enfatizó.
La esposa de Ábrego García, Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense, ha estado alzando la voz en su lucha por la liberación de su esposo. “Seguiré peleando hasta que mi marido esté en casa”, afirmó en una entrevista con The New York Times.
