La nueva estrategia, que ahora también afecta a inmigrantes legales —como aquellos con tarjeta verde o casados con ciudadanos estadounidenses— representa un desafío político importante.
En los últimos días, se ha notado un cambio importante en la agenda migratoria del presidente Donald Trump. La administración ha ampliado el grupo de personas a las que apunta para deportación, ha tenido enfrentamientos con jueces y se ha adentrado en terrenos políticos cada vez más complicados.
Trump pasó sus primeras semanas en el cargo destacando una campaña para expulsar a los criminales que se encontraban en el país de forma ilegal. Sin embargo, ya a finales de la semana pasada se vivió un giro notable: agentes de inmigración arrestaron a una doctora libanesa que se encontraba en el país con visa legal, a pesar de que un juez había ordenado temporalmente que no fuera deportada. Esto sucedió después de que se detuvieran turistas alemanes, una ex estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia con tarjeta verde y varios inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses o que llevan muchos años viviendo en el país.
Además, mientras este fin de semana se enfocaban en un grupo de venezolanos, a quienes las autoridades acusan de tener vínculos con la banda conocida como Tren de Aragua, se utilizó una ley antigua de tiempos de guerra para detenerlos. Para colmo, parece que se ignoró una orden judicial que pedía detener los vuelos de deportación.
Este drástico cambio ha captado la atención de muchos y probablemente definirá la estrategia de Trump en los próximos meses, ya que busca mostrar avances en su promesa –aun incumplida– de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, incluir a inmigrantes legales, especialmente a aquellos casados con ciudadanos, implica riesgos políticos en un tema que históricamente ha sido uno de los fuertes del presidente.
Según el encuestador republicano Whit Ayres, “la opinión pública varía dramáticamente según el tipo de inmigrante indocumentado del que se trate”. De hecho, algunos inmigrantes, en especial aquellos que llegaron siendo niños, suelen generar mucha más simpatía en las encuestas que otros.
Una encuesta conjunta de Washington Post e Ipsos realizada el mes pasado mostró que la mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes violentos. Incluso, muchos se decantan por expulsar a quienes enfrentan cargos por delitos no violentos. Sin embargo, el respaldo disminuye cuando se trata de deportar a quienes solo han violado leyes de inmigración, a quienes llevan más de diez años en el país o a aquellos que llegaron siendo niños o son padres de ciudadanos estadounidenses.
El representante demócrata Tom Suozzi comentó: “A todos nos parecería bien deportar a los criminales violentos, pero muchos republicanos moderados temen que se estén pasando de la raya en algunas de estas medidas”.
Durante su primer mandato, Trump ya había probado los límites de una aplicación estricta de la ley migratoria con la polémica política de separación familiar, muy mal vista por muchos votantes. Los demócratas advirtieron que su esfuerzo de deportaciones masivas en un segundo mandato podría generar medidas igualmente impopulares, un mensaje que no convenció del todo durante la campaña.
Aunque Trump aún no ha cruzado una línea tan polémica como la separación familiar, expertos como el estratega republicano Barrett Marson señalan que “todavía es temprano”. Los republicanos destacan la histórica reducción en los cruces ilegales y en los arrestos de criminales, pero se preguntan si los votantes moderados pasarán por alto los efectos secundarios de estas acciones, especialmente cuando al presidente solo le queda un mandato.
Marson resumió: “Trump dejó muy claro que quería deportar a todos los que estuvieran en el país de forma ilegal, ya sean jardineros, miembros de pandillas o amas de casa. Y, dado que no se postula de nuevo, ¿qué le importa si su popularidad baja a 49, 46 o 40 por ciento?”
El caso de una mujer de Perú, detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas mientras regresaba de su luna de miel en Puerto Rico junto a su esposo –quien votó por Trump– es solo uno de varios ejemplos. USA Today informó que otros inmigrantes, quienes llevan años viviendo en el país y están casados con ciudadanos estadounidenses, también se han visto afectados por el endurecimiento de las medidas migratorias de la administración.
Otro ejemplo ocurrió con Rasha Alawieh, especialista en trasplantes de riñón y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Brown. A pesar de contar con una visa válida y de tener una orden judicial que detenía su deportación, la administración la expulsó de todos modos, argumentando que no habían recibido la notificación formal de la orden antes de que ella abordara un vuelo de Air France con destino a París. Las autoridades federales explicaron que la doctora libanesa fue deportada luego de que se encontraran en su teléfono fotos y videos que mostraban simpatía por figuras destacadas de Hezbollah.
También ha llamado la atención el caso de dos turistas alemanes. Un hombre y una mujer, quienes aseguraron haber intentado ingresar al país de forma legal, fueron enviados a un centro de detención lleno de gente y, tras varias semanas, finalmente deportados.
Se espera que surjan más casos que generen rechazo entre el público, especialmente porque la administración busca nuevas formas de expulsar a más inmigrantes. Trump ha enfrentado dificultades para deportar a la gran cantidad de personas que prometió durante la campaña, debido a limitaciones de recursos –como la capacidad de detención y un sistema judicial migratorio saturado– y, por ello, ha recurrido a otras estrategias para demostrar acción.
La administración ha resaltado los arrestos de personas acusadas o condenadas por delitos. Sin embargo, muchos inmigrantes sin antecedentes penales, con familiares, ciudadanos y aquellos con protecciones migratorias válidas, también han sido afectados por estas medidas. Esto ha generado miedo en las comunidades inmigrantes a lo largo y ancho del país, y cada vez más abogados aconsejan a los inmigrantes –incluidos los portadores de la tarjeta verde– que eviten viajar.
Beatriz López, codirectora ejecutiva de Immigration Hub, explicó: “Cuando ves todo esto, es como morir de a poco, y pronto se acumulará en algo peor que le saldrá caro políticamente. Habrá una reacción, y entre más casos de alto perfil se den, más se sentirá en el ciudadano promedio.”
Por último, las políticas de Trump han rozado nuevos límites legales este mes. La Casa Blanca destacó la expulsión de más de 100 venezolanos, a quienes acusan de ser miembros de la banda Tren de Aragua, utilizando la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que pedía que se dieran la vuelta a los aviones. Funcionarios de la administración celebraron estas deportaciones a El Salvador, mientras el presidente Nayib Bukele compartía en X (antes Twitter) un video sombrío que mostraba a soldados escoltando a hombres tatuados fuera de un avión, obligándolos a agacharse para luego ser conducidos a autobuses, donde incluso les afeitaron la cabeza con guardias encapuchados.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que la administración “actuó dentro de los límites de la ley” y afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional estaba seguro de la identidad de los supuestos miembros de la banda deportados a El Salvador. Esto surge mientras se cuestiona cómo se toman estas decisiones, y algunos abogados de deportados aseguran que sus clientes no tenían vínculos con pandillas ni órdenes de expulsión definitivas de un juez migratorio.
Leavitt concluyó: “Incontables vidas serán salvadas gracias a esta acción. El presidente se siente orgulloso de cumplir esa promesa.”
