En un caso que ha generado gran controversia, Wendy Ortiz, una inmigrante salvadoreña de bajos ingresos que reside en Pensilvania, fue multada con $1.8 millones por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) por permanecer en el país tras recibir una orden final de deportación. Ortiz, madre de un niño ciudadano estadounidense con autismo y trabajadora en una planta empacadora de carne, representa a miles de migrantes afectados por una política migratoria más estricta implementada por la administración Trump.
¿En qué consiste esta política?
Basándose en una ley de 1996, la administración Trump reactivó una medida que impone multas de hasta $998 diarios a migrantes que no abandonen el país tras una orden de deportación. Estas sanciones pueden aplicarse retroactivamente hasta por cinco años, acumulando deudas que superan el millón de dólares. Además, se contempla la incautación de bienes de quienes no puedan pagar.
El DHS ha emitido notificaciones por más de $500 millones a aproximadamente 4,500 migrantes, muchos de los cuales son padres de ciudadanos estadounidenses o están en proceso de regularizar su estatus migratorio. (Reuters)
Críticas y preocupaciones
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y expertos legales han expresado su preocupación por la severidad de estas multas, especialmente considerando que muchos de los afectados son personas de bajos recursos. Se argumenta que estas sanciones no consideran circunstancias humanitarias ni la falta de notificación adecuada sobre las audiencias de deportación.
Además, la implementación de esta política enfrenta desafíos logísticos significativos. Un memorando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que se necesitarían al menos 1,000 nuevos especialistas legales para gestionar el volumen de casos, lo que podría generar costos adicionales y retrasos en la aplicación de las multas.
Implicaciones para la comunidad latina
Esta política afecta de manera desproporcionada a la comunidad latina, que constituye una parte significativa de la población migrante en EE.UU. Muchos viven en hogares de estatus mixto, donde miembros de la familia tienen diferentes situaciones migratorias. La imposición de multas y posibles incautaciones de bienes podría desestabilizar aún más a estas familias.
¿Qué pueden hacer los afectados?
Los migrantes que reciban notificaciones de multas tienen un plazo de 30 días para apelar. Es fundamental que busquen asesoría legal especializada para evaluar sus opciones y presentar una defensa adecuada. En Abogados Efectivos, estamos comprometidos en brindar apoyo y representación a quienes enfrentan estas difíciles circunstancias.
El caso de Wendy Ortiz pone de relieve las consecuencias de políticas migratorias estrictas que pueden tener efectos devastadores en individuos y familias vulnerables. Es esencial que las medidas de control migratorio se implementen con un enfoque humano y justo, considerando las realidades y desafíos que enfrentan los migrantes en EE.UU
Para más información o asistencia legal, no dude en contactarnos en Abogados Efectivos. Estamos aquí para ayudarle.
