La administración Trump ha revocado las visas de cientos de estudiantes internacionales y detenido a aproximadamente una decena de ellos en diferentes campus universitarios de EE. UU., muchas veces sin previo aviso o posibilidad de apelar la decisión.
Vídeos de algunas de las detenciones, en los que se muestra a oficiales de incógnito esposando y arrestando a estudiantes cerca de sus hogares, se han difundido ampliamente, generando alarma dentro de la comunidad estudiantil internacional. Más de 80 universidades han informado que se han revocado visas, según un seguimiento realizado por Inside Higher Ed, afectando tanto a estudiantes como a profesores en todo el país.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el mes pasado que al menos se han anulado 300 visas, argumentando que el Departamento de Estado está focalizando a aquellos involucrados en actividades que “van en contra” de los intereses nacionales de EE. UU. Muchos de los afectados han participado en protestas o actividades pro-palestinas; en otros casos, la cancelación se vincula a antecedentes penales o infracciones legales menores, como exceder el límite de velocidad, según explican abogados especialistas en inmigración.
Expertos señalan que los estudiantes con visa disfrutan del mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses, y que históricamente era poco común que se deportara a un estudiante por expresarse políticamente. No obstante, al tratarse de visas de carácter temporal, estos estudiantes se encuentran en una situación vulnerable frente a la expulsión.
Revocación de visas y detenciones
Abogados de algunos estudiantes afectados han denunciado que sus visas fueron canceladas de manera abrupta y sin una notificación previa, dejándolos sin recurso para impugnar o corregir la medida. Rubio ha advertido que las visas, destinadas exclusivamente para estudiar, serán revocadas si se considera que los titulares participan en actos “desestabilizadores”. En documentos filtrados, Rubio incluso indicó que podrían haberse anulado más de 300 visas, sin diferenciar únicamente a estudiantes, sino abarcando un rango más amplio de categorías.
La mayoría de los afectados han estado vinculados a manifestaciones pro-palestinas, aunque también se incluye a individuos con antecedentes penales. Un caso señalado por CBS News involucró a un estudiante turco de la Universidad de Minnesota, detenido en marzo tras la revocación de su visa por un antecedente de conducción bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se han presentado casos en los que estudiantes perdieron su estatus migratorio por infracciones como multas de tránsito.
Profesores y defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los estudiantes se vean obligados a renunciar a expresar sus opiniones por miedo a perder su estatus legal. La American Civil Liberties Union (ACLU) afirmó:
“Ningún presidente debería tener la facultad de imponer un requisito ideológico para excluir o expulsar a personas de nuestro país por estar en desacuerdo con sus puntos de vista.”
La Casa Blanca ha defendido estas acciones invocando una disposición de una ley de 1952 que otorga al Secretario de Estado amplios poderes para expulsar a extranjeros que se consideren una amenaza de “graves consecuencias adversas en la política exterior” de EE. UU.
Universidades y casos destacados
El rastreador de Inside Higher Ed identifica a más de 80 instituciones donde se ha alterado el estatus legal de estudiantes internacionales y recién graduados. Entre estas se encuentran universidades públicas de gran tamaño como Texas A&M, la Universidad de Oregon, la Universidad de Florida y la Universidad de Colorado, además de prestigiosas instituciones privadas como Dartmouth, Harvard, Yale, Columbia y Stanford.
Casos particulares resaltan la magnitud de la medida: en Arizona State University, al menos ocho estudiantes vieron revocada su visa, mientras que en la Universidad de California en Berkeley se reportaron al menos seis. A nivel del sistema universitario de California se contabilizan 57 cancelaciones y en Ohio State University, siete, en medio de un total aproximado de 1.1 millones de estudiantes internacionales con visa en EE. UU.
Además, varios estudiantes y profesores han sido detenidos y puestos a disposición de centros de detención en espera de deportación. Imágenes de las detenciones muestran a agentes de ICE, en ropa civil, abordando a estudiantes confundidos y asustados, quienes son luego trasladados en vehículos no identificados.
Entre los casos de mayor notoriedad se encuentra el de Mahmoud Khalil, un graduado reciente de la Universidad de Columbia y residente legal, detenido en su hogar propiedad de la universidad en marzo; y el de Rumeysa Ozturk, estudiante turca de la Universidad de Tufts, cuya imagen, al ser detenida por seis agentes encapuchados mientras se dirigía a un evento de Ramadán, se viralizó en redes. También se menciona el caso de la profesora Rasha Alawieh, especialista en trasplantes renales y deportada tras la detección de “fotos y vídeos” en su teléfono que mostraban simpatía hacia Hezbollah.
Otros dos estudiantes, Momodou Taal y Ranjani Srinivasan, han optado por huir a Canadá tras la revocación de sus visas.
Luchas legales contra la medida
Varios estudiantes han presentado demandas contra el gobierno para impugnar la cancelación de sus visas y los arrestos asociados, intentando demorar o evitar su deportación. Entre ellos se encuentra Xiaotian Liu, un estudiante de doctorado de 26 años de China en Dartmouth, quien alega que su visa fue revocada “sin previo aviso ni la debida explicación”, a pesar de no tener antecedentes criminales ni haber participado en protestas.
Esta polémica situación plantea serias interrogantes sobre la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes internacionales a ejercer sus opiniones sin temor a perder su estatus legal en EE. UU.
