Simplificación en el proceso de peticiones H‑2A

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un reglamento final que entra en vigor el 2 de octubre de 2025 y modifica el procedimiento para solicitar visados temporales H‑2A para trabajadores agrícolas. La medida permite a los empleadores que solicitan trabajadores sin identificar (unnamed beneficiaries) presentar el nuevo Form I‑129H2A de manera electrónica después de que el Departamento de Trabajo (DOL) emita el aviso de aceptación del certificado laboral temporal, pero antes de que apruebe definitivamente la certificación[1]. USCIS puede comenzar a tramitar estas peticiones antes de la aprobación final, pero no emitirá una decisión final hasta que el DOL apruebe la certificación laboral temporal[1]. La regla se aplica exclusivamente a peticiones con beneficiarios no identificados y que se presentan sin representación legal (sin Form G‑28).

El reglamento también introduce el formulario en línea I‑129H2A, que solo puede presentarse a través de una cuenta de USCIS; las solicitudes en papel de este formulario serán rechazadas[1]. Los empleadores que presenten peticiones en papel o que incluyan trabajadores identificados deben seguir utilizando el Form I‑129 tradicional y solo pueden presentar la petición después de que el DOL apruebe la certificación laboral[1]. Esta medida busca agilizar los tiempos de presentación sin eliminar la revisión del DOL para proteger el empleo local.

Actualización del Formulario G‑1055 y nuevas tarifas de presentación

El mismo 2 de octubre, USCIS publicó una nueva edición del Formulario G‑1055 (Tabla de tarifas). El aviso señala que la edición del 10/02/25 incluye varias novedades:

• Se añade una tarifa de presentación en línea para las solicitudes I‑129 en la clasificación H‑2A, que había sido inexistente anteriormente[2].
• Se eliminan las exenciones de tarifas que expiraron el 30 de septiembre de 2025[2].
• Se incorpora una cuota anual del Programa de Asilo que debe pagarse al recibir el aviso; esta cuota no puede ser exonerada bajo ninguna circunstancia y se paga además de la tarifa de presentación[2].

Tarifas para peticiones H‑2A (Form I‑129 e I‑129H2A)

La tabla detallada del G‑1055 describe las tarifas diferenciadas según se trate de trabajadores nombrados o sin nombrar y según el tamaño del empleador. A modo de ejemplo:

• Peticiones con trabajadores identificados (named workers): los empleadores pequeños o las organizaciones sin fines de lucro pagan US$ 1 090 por solicitud en papel o US$ 1 040 si la presentan en línea. Los empleadores generales pagan US$ 545 (papel u online).
• Peticiones con trabajadores sin identificar: los empleadores pequeños o sin fines de lucro pagan US$ 530 por solicitud en papel o US$ 480 en línea; los empleadores generales pagan US$ 460[3].

Estas tarifas se aplican por petición y se deben pagar por separado del nuevo cargo del Programa de Asilo. La tabla también indica las nuevas tarifas para las categorías H‑2B y H‑1B, así como los incrementos de las tarifas derivadas de la Ley HR 1, que figuran en el mismo documento[3].

Cuota del Programa de Asilo

El Formulario G‑1055 establece que los empleadores que presenten peticiones I‑129 o I‑129H2A deben pagar una cuota del Programa de Asilo para financiar el procesamiento de solicitudes de asilo. La cuota varía según el tipo de empleador: US$ 600 para empleadores generales, US$ 300 para pequeños empleadores y US$ 0 para organizaciones sin fines de lucro[4]. Este cargo se paga además de la tarifa de presentación y no puede ser exonerado.

Nuevas tarifas para formularios de la EOIR

La nueva edición del G‑1055 también introduce tarifas por concepto de servicios biométricos para determinadas solicitudes de cancelación o suspensión de deportación ante los tribunales de inmigración (EOIR). Por ejemplo, los formularios EOIR‑40 y EOIR‑42B tienen una tarifa de US$ 700 más US$ 30 por persona en concepto de datos biométricos, mientras que el formulario EOIR‑42A tiene una tarifa de US$ 1 600 más US$ 30 por persona[5].

Otros cambios

• Aunque el 2 de octubre coincidió con un cierre parcial del gobierno de EE. UU., USCIS y el Departamento de Estado siguieron operando gracias a su financiamiento vía tarifas. Sin embargo, ciertas actividades dependientes del DOL quedaron suspendidas (como la presentación de certificaciones laborales y determinaciones de salarios), pero esto no cambió los procedimientos en sí, sino que retrasó los trámites en curso