Una jueza federal en California emitió una orden temporal que prohíbe al gobierno de Trump seguir deteniendo de manera indiscriminada a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentos. La decisión representa un freno legal a las redadas migratorias intensificadas recientemente en el estado.
La jueza Maame Frimpong dictaminó que existen pruebas contundentes de que las autoridades migratorias han estado realizando “patrullajes aleatorios”, es decir, detenciones masivas sin sospechas razonables, lo cual viola la Constitución de EE. UU.
¿Qué ordenó la jueza?
- El gobierno no puede realizar arrestos migratorios basados únicamente en factores como el color de piel, hablar español o inglés con acento, o simplemente estar en ciertos lugares como paradas de autobús o lavaderos de autos.
- Se prohíbe negar el acceso a abogados a las personas detenidas.
- La orden tiene carácter temporal, mientras continúa el proceso judicial.
¿Por qué se presentó esta demanda?
El caso fue presentado por tres inmigrantes arrestados mientras buscaban trabajo en una parada de autobús en Pasadena, así como por dos ciudadanos estadounidenses que también fueron detenidos sin justificación, uno de ellos incluso mostrando una identificación válida.
Reacción del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional criticó públicamente la decisión, acusando a la jueza de “socavar la voluntad del pueblo estadounidense”. Además, insistió en que los esfuerzos actuales se centran en arrestar delincuentes peligrosos, cumpliendo con una meta diaria de 3.000 detenciones como parte del objetivo de Trump de lanzar la campaña de deportación más grande en la historia del país.
Según declaraciones del gobierno, están enfocándose en sacar de las comunidades a “asesinos, miembros de pandillas MS-13, violadores y pedófilos”.
Redadas recientes en California
La decisión judicial se da en medio de una escalada de redadas migratorias en el estado de California, especialmente en áreas urbanas como Los Ángeles y zonas rurales. La semana pasada, una operación en una granja de marihuana en el condado de Ventura dejó más de 200 personas arrestadas, incluyendo 10 menores de edad. La situación fue descrita como “caótica” y se reportaron trabajadores heridos de gravedad, según declaraciones del sindicato United Farm Workers.
Críticas de organizaciones defensoras de derechos
Grupos como la ACLU de California han condenado estas acciones del gobierno, acusándolo de discriminación ilegal y de violar los derechos constitucionales de las personas detenidas. Según sus abogados, todas las personas en EE. UU. —sin importar su estatus migratorio, color de piel o idioma— tienen derechos constitucionales que las protegen contra detenciones injustas.
Esta orden judicial representa un respiro legal para miles de inmigrantes en California, donde las redadas se han intensificado en medio de un ambiente de miedo y tensión. Aunque la orden es temporal, abre la puerta a un debate más amplio sobre los límites del poder migratorio del gobierno y la protección de los derechos civiles de toda persona en el país.
